Discapacitados, jóvenes y seniors no dejan de ser vulnerables en un mercado laboral con sangrantes brechas
Los tres segmentos de discapacitados, mayores de 55 años y jóvenes superan en los datos de desempleo a otros sectores poblacionales y la vulnerabilidad aumenta paralela a un empobrecimiento de la clase media baja. En el último año esta tríada poblacional supera con grandes diferencias al resto y sigue siendo la cola de la población activa. Ni tímidos programas como el de Garantía Juvenil, el decreto de la Generalitat Valenciana para la inserción de discapacitados o ayudas de empleo para seniors suponen cambios sustanciales en las nefastas condiciones socioeconómicas de estos colectivos.
Jóvenes, seniors y personas con discapacidad se ven abocadas en los márgenes de un sistema desequilibrado, el laboral, donde es difícil entrar, más complicado mantenerse con los años y donde la población con discapacidad sufre de varias marginaciones. En los años 60 la película italiana “Il Posto” de Ermanno Olmi ponía el foco en la ambición de un joven oficinista que comienza a trabajar. Como es de imaginar por el sutil tono humorístico de la película la realidad de un sistema productivo anquilosado termina con sus ilusiones y le aboca a una repetición de tareas sin esperanza de progresar. En términos más coloristas Jean Luc Godard retrató en “Tout va bien” la confabulación de empresas y sindicatos para acabar con una huelga en una fábrica de salchichas. El film trata de retratar la lucha de clases en Francia y la destrucción social causada por el capitalismo.
En estos momentos, la destrucción del tejido social es visible y hace muescas en las clases más vulnerables, con un progresivo aumento de la clase baja y una población relegada al desempleo o a trabajos precarios que no sustraen a estos colectivos de las situaciones de marginalidad. Todo ello está provocando el mayor desistimiento con personas que ya no saben cómo encontrar un trabajo o que desisten por incredulidad a hacerlo. Personas que ya no creen en un sistema caduco sin igualdad de oportunidades. Nos paramos en las personas con discapacidad
Población activa con discapacidad
Según el INE, en 2021 había en España 1.929.000 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años) lo que supone el 6,3% de la población total en edad laboral. De esta población, 668.000 eran activos, un 0,6% más que en 2020, mientras que los activos sin discapacidad aumentaron un 2,0%. En estos datos se observa además mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en los activos sin discapacidad.
Según la misma fuente lo más destacado del colectivo es su baja participación en el mercado laboral. En 2021 su tasa de actividad aumentó 0,3 puntos y se situó en el 34,6%, 43,1% puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de empleo fue del 26,9%, más de 39 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad. Y la tasa de paro superó casi en ocho puntos a la de la población sin discapacidad. Sin embargo, este segmento es diferente al de la población general y las mujeres superan en ocupación a los hombres frente a un mercado generalista donde la tasa de actividad masculina supera casi en 10 puntos a la femenina.
Lucha de Cermi CV por sus derechos
Precisamente desde la Comunidad Valenciana el colectivo Cermi (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) suma un protocolo de atención a discapacitados desde una perspectiva de género. El comité es muy relevante por su alta presencia en este segmento ya que representa al 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la comunidad.
En el año 2020 en la Comunidad Valenciana se registraron 158.300 personas con certificado de discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (54,8%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (68,5%). Si sumamos el total de personas con incapacidad reconocida el volumen de personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana asciende a 196.400. La tasa de actividad es del 33,7% (es decir, 42,3 puntos porcentuales por debajo de la media de población sin discapacidad). Igualmente, la tasa de empleo se distancia significativamente de la del conjunto de la población en la comunidad (44,9 puntos menos), posicionándose en 27%. Respecto a la tasa de paro en la CCAA se sitúa en el 14,7%, mientras que para el caso de las personas con discapacidad es de 21,2% lo que suponen 6,5 puntos más de desempleo.
El 17,1% de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana, ha alcanzado estudios de nivel superior, situándose a 0,4 puntos porcentuales, por debajo del nivel formativo para el conjunto nacional de las personas con discapacidad.
Brechas múltiples
En el colectivo de personas discapacitadas confluyen varias brechas y una de ellas es la salarial, que se suma a las adheridas a otros grupos sociales también desfavorecidos por un sistema con unas estructuras sólidas excluyentes. El salario bruto anual medio de los asalariados con discapacidad fue de 20.454,5 euros por trabajador en 2020 cuando el salario medio general es de 24.632 euros. El salario de las mujeres con discapacidad fue un 14,7% menor que el de las que no tienen discapacidad. Y en el caso de los hombres, fue un 21% inferior en presencia de discapacidad.
Además, la mayoría de los contratos a discapacitados se realizaron en centros de empleo especiales, un 71% en 2018.
El 7,4% de las personas con discapacidad ocupadas en la Comunitat Valenciana, están empleadas en entidades del grupo social ONCE radicadas en la propia comunidad. Finalmente, respecto a la tasa de paro comprobamos que alcanza el 21,2% es decir, un descenso de 3 puntos en relación al ejercicio anterior situándose 1 punto por debajo de la media nacional de paro para personas con discapacidad.
Solo el 1,59% de los contratos de trabajo formalizados en 2021 se suscribieron con personas con discapacidad, pese a que esta parte de la ciudadanía constituye el 6,3% de la población en edad de trabajar en España. Así se desprende de un informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que anualmente analiza la situación laboral de las personas con discapacidad a partir de datos propios y de cifras de organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o de la Seguridad Social.
Como en el resto de población, también es el sector terciario el que más contratación registra con servicios a edificios y jardinería, administrativos, otras actividades auxiliares a empresas y a servicios sociales sin alojamiento que absorbe el 17%. En 2021, la tasa de contratación más elevada fue en empleados de venta de apuestas, máquinas de lavandería y tintorería y conserjes de edificios. El 11,53% del total de contratos fue de forma indefinida y una característica de este colectivo es que “tienen una tasa de estabilidad más alta que el resto de la población”, según señala el informe del SEPE.
Otra de las brechas es la que afecta a las mujeres que son más del 53% de las personas en paro. El año 2020 significó un retroceso en la inclusión de las mujeres en el empleo y queda patente su precariedad laboral tal como indica la corta duración de sus contratos. En términos generales la incidencia del paro de larga duración es del 63,99% lo que significa que son 92.748 personas las que llevan más de un año registradas en las oficinas del SEPE frente al 50% de los que no tienen discapacidades.
Otro dato interesante es que el 89% de los asalariados, la mayoría tienen contratos en el sector privado y no parece que las administraciones públicas destaquen en este aspecto a pesar del 10% de reserva de plazas en los concursos públicos para personas con discapacidad puesto que no se llega al 2% de contratación en su plantilla global de personas con discapacidad. A todo esto hay que añadir otro aspecto que en general lastra la oferta de empleo y es que la mayor parte de las personas con discapacidad laboral en edad de trabajar se sitúan en el tramo de 45 a 64 años.
Luis Vañó: “El modelo de inclusión laboral está agotado”
El presidente de Cermi CV, Luis Vañó, analiza situaciones como la que se desprende de la encuesta EDAD (Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia) que apunta que solo una de cuatro personas con discapacidad está empleada “lo que refleja el escasísimo e inaceptable avance en inclusión laboral, que a mi juicio es un claro agotamiento de este modelo para el que se reclama hace años una revisión, y todo ello a pesar de los grandes esfuerzos que desde las organizaciones sociales se vienen realizando en la implementación de programas y proyectos vinculados a formación y empleo. Y además el 46% de los ocupados están en riesgo de desaparecer por tratarse de ocupaciones elementales o puestos administrativos”.
En la encuesta de la EDAD sobresalen dos cuestiones básicas. El reto de reducir al máximo el grupo de los inactivos por “desistimiento” o “anticipación de fracaso” en la búsqueda de empleo y ayudar a encontrar empleo a las personas con discapacidad que quieran trabajar.
De las 196.400 personas con discapacidad en edad de trabajar en la Comunidad Valenciana hay 52.900 trabajando y la tasa de actividad en 2020 se situó en 33,7% lo que significa que solo tres de cada 10 tienen un empleo.
Lentitud en pago a centros
En diciembre del pasado año el Consell aprobó un decreto para las subvenciones a fomento de empleo en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales. Sin embargo, la burocracia está ralentizando el pago de estos 45 millones de euros y aún no se ha abonado el 80% de las ayudas correspondientes al segundo semestre de 2022. Con este decreto se ven beneficiadas 124 CEE de la Comunidad Valenciana de las cuales 42 son de iniciativa social, cuyo poder de decisión recae en entidades sin ánimo de lucro; y 82 CEE de iniciativa empresarial y se benefician 9.129 personas.
Vañó insiste en la ineficacia del modelo de inclusión vigente y la necesidad de que se elabore una Ley de Promoción de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad.
Un paso importante es el recién aprobado proyecto de Ley de Empleo donde fueron refrendadas las enmiendas que refuerzan las exigencias de que en los servicios de empleo haya personal formado para atender a personas con discapacidad y que las herramientas digitales de formación sean accesibles. También se introduce a las personas con autismo en los colectivos de atención prioritaria y se ha incorporado en el Congreso una enmienda de CERMI por la que se considerará en la Ley de Empleo, que la persona que presenta una discapacidad en grado igual o superior al 33% con una equiparación a las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Aumentar la cuota de reserva al 5%
Para el presidente de Cermi CV la revisión del marco jurídico es necesaria para convertir a las CEE en unas “verdaderas empresas inclusivas”. También definir “lo que son realmente los enclaves laborales porque no se da un compromiso real de la empresa con los trabajadores ni viceversa, por lo que no hay una integración real con el personal ni con el funcionamiento de la empresa ordinaria. Vañó reclama también la necesidad de revisar el régimen jurídico de la cuota de reserva, aumentarlo del 2 al 5% y reduciendo el umbral del número de trabajadores que debe tener una empresa privada para la reserva de puestos de trabajo (bajar de 50), “con lo cual se aumenta el número de empresas y que se ofrezcan verdaderas oportunidades de desarrollo profesional”.
En definitiva, configurar el empleo con apoyo como un servicio, “como un derecho del trabajador y unir el binomio activación laboral y protección social. También queremos que se revise y modifique la causa de extinción del contrato laboral por incapacidad permanente”.
Todas estas cuestiones se incluirán en el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad que debe estar terminado en 2023 y donde participa CERMI. En todo caso el discurso de Vañó redunda en la importancia de cambiar el marco jurídico laboral prestando atención a los profundos cambios que se dan en el ecosistema laboral en términos globales, algo de lo que deberían tomar nota en otros segmentos de empleo. Entre otras urgencias, “revisar la flexibilización del trabajo por la cuestión de teletrabajo, en la organización del tiempo del trabajo y los nuevos entornos laborales dirigidos a la digitalización”.
