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Justicia presenta el servicio de lectura fácil de sentencias a personas con diversidad funcional

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este jueves en Castelló el servicio de lectura fácil de sentencias para personas con diversidad funcional. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en colaboración con la asociación «Plena Inclusión Comunidad Valenciana» y permitirá adaptar la sentencia de incapacidad a un lenguaje comprensible para las personas que así lo requieran. Este servicio es gratuito y se estudia extenderlo en el futuro a otros textos judiciales y a otros colectivos como los menores.

La consellera ha explicado que, si para la ciudadanía en general «el lenguaje jurídico resulta complejo e incomprensible, la dificultad es aún mayor cuando afecta a las personas que tienen reducida su movilidad, su capacidad sensorial y, especialmente, su habilidad cognoscitiva».

Con esta iniciativa -cuya experiencia piloto ha sido llevada a cabo por la magistrada Dolores Bellés- «avanzamos en lo que prescribe la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» que establece que las personas con diversidad funcional «no pueden ser consideradas como meros receptores de actuaciones asistenciales, sino sujetos de pleno derecho a los que el entorno les dificulta su desarrollo». En ese sentido, deben ser los poderes públicos los que han de corregir los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad el pleno disfrute de sus derechos», ha dicho la consellera.

En la misma dirección avanza el proyecto desarrollado en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Se trata del personal facilitador de las sedes judiciales, que asistirán a quienes sean intervinientes en un procedimiento judicial con diversidad funcional que necesiten acompañamiento y apoyo para comprender la información que reciben al acceder a una sede judicial y saber dónde, cómo y a quién dirigirse y que será presentado a la vuelta del verano.

Con su puesta en marcha, según la consellera «nos anticiparemos a la normativa estatal que recoge el Proyecto de Ley aprobado el pasado mes de mayo por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad». De hecho, la nueva ley establecerá la obligatoriedad de la figura del facilitador como un apoyo a las personas que lo necesiten para poder ejercer su voluntad jurídica, en lugar de incapacitarla y tomar decisiones por ella como, hasta el momento, se hacía.

En la Comunitat Valenciana viven más de 313.000 personas con diversidad funcional, de las cuales, el 22 por ciento tiene una discapacidad sensorial o intelectual. «Pensando en ellos y ellas -ha dicho la consellera- pusimos en marcha, a finales de 2015, el Foro Justicia y Discapacidad para construir un modelo valenciano de justicia accesible e inclusiva».

Desde entonces, en el Foro se han gestado iniciativas como el reconocimiento al derecho a la Justicia Gratuita a las personas con diversidad funcional que lo soliciten cuando actúen en procedimientos que guarden relación con sus circunstancias de salud o discapacidad. También el reconocimiento al derecho a la Mediación Gratuita para aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o a quienes se ocupen de ellas en procesos relacionados con sus circunstancias sanitarias o de discapacidad.

De igual modo, se ha llevado a cabo la creación de protocolos específicos para personas con diversidad funcional en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que han sido evaluados por el CERMI y, por último, las actuaciones para diagnosticar la accesibilidad de los edificios judiciales valencianos, cuyas recomendaciones se han incorporado al Plan de Infraestructuras Judiciales.

«Ha llegado el momento de desprenderse de un modelo paternalista caduco para las personas con discapacidad. Debemos ayudar a que ellos y ellas puedan tomar decisiones por sí mismas y ejercer su capacidad jurídica con toda la asistencia que requieran, pero sin pretender sustituir o usurpar su voluntad y, para ello, aún tenemos que eliminar muchas barreras con nuevos servicios como estos», ha concluido Gabriela Bravo.

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