Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos comienzan una carrera para elaborar anteproyectos y optar a ayudas europeas que tropezarán con la anquilosada burocracia española
El certero filósofo y sociólogo Jean Baudrillard aportó la idea del simulacro como “un fenómeno que atraviesa a las sociedades actuales y que se caracteriza por la hiperrealidad, la simulación y la confusión”. Pues bien, esto es lo que está sucediendo en definitiva con el publicitado Fondo Europeo de Recuperación, 140.000 millones de euros destinados a nuestro país de los que 72.700 llegarán en forma de subvenciones. Esa es la buena noticia, la mala es que habrá que aportar canales de aprovechamiento a ese dinero de la forma más rápida y eficaz posible.
Los fondos, son un instrumento temporal, que se unen a los fondos estructurales, y que quieren coadyuvar a reparar los daños económicos y sociales derivados de la pandemia. El grueso económico saldrá del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia también llamado New Generation EU con objetivos centrados en ir hacia una sociedad más sostenible y con verdaderos retos en las transiciones ecológica y digital.
¿Hay tiempo para invertir todo el dinero?
El tiempo para implementar ese presupuesto es relativamente corto ya que se tendrán que asignar el 70% de los proyectos entre 2021/2022 y el resto en 2023. Dada la lentitud y la anquilosada burocracia española, varios organismos nos han dado ya un tirón de orejas. A saber, Bruselas ya ha solicitado la rápida absorción de los fondos en paralelo a una renovación de la administración pública, la legislación empresarial y un tema tópico en la prensa de nuestro país “la lucha contra el fraude”. Por su lado el Tribunal de Cuentas también ha puntualizado que el calendario para sumar estos presupuestos es corto.
Las anteriores puestas en escena tampoco nos dan mucha esperanza en que las distintas administraciones tengan la creatividad y eficacia para dirigir estos fondos de manera ágil y precisa. Según datos recogidos por diversos medios de comunicación, España solo gastó el 34% de los fondos europeos plurianuales 2014/2020, o sea 19.250 millones de los 56.258 concedidos, con lo que nuestro país se llevó el dudoso honor de ser el país que peor gestionó los fondos europeos.
Una sociedad más desigual e injusta
El tiempo para actuar es limitado y más ahora cuando la pandemia ha agudizado las deficiencias de un sistema que fomenta la desigualdad, con su clasismo y la infraposición de los más débiles en la periferia del mismo. Como relatan los antropólogos, la brecha social se vuelve ahora más profunda y los medios para cambiar esto se tienen que utilizar de manera inmediata.
Los fondos REACT-EU son otro tentáculo de estas ayudas, precisamente destinado a gastos extraordinarios de la Covid.19, para servicios sanitarios, políticas de empleo y servicios sociales. Para ello se destinarán 10.000 millones de euros a las comunidades autónomas y 2.400 al Ministerio de Sanidad para adquirir vacunas.
De lo contrario, la oportunidad de reconstrucción habra finiquitado y daremos la razón al gran Baudrillard de que estamos ante un “simulacro”, ante “cosas que pueden suceder pero tienen una narrativa totalmente distinta en los medios de comunicación a como son en la realidad”.
Todos quieren atrapar un trozo
El reparto de los fondos es una incógnita y se mezcla con movimientos bastante truculentos. La cuestión es que el guión del reparto de los fondos públicos lo quiere escribir la empresa privada. El primer movimiento que lo demuestra es la aparición de la consultora Acento cuyo lema reza, Tu solución en gestión de asuntos públicos. ¿Sabemos quien está en la dirección y presidencia de esta empresa? Sí, el exministro del PSOE José Blanco; el exportavoz del PP Alfonso Alonso; Antonio Hernando (PSOE) y Esteban González, hijo del exportavoz popular en el Parlamento Europeo Esteban González Pons..y más. Lo que venden es sus contactos con políticos al más alto nivel, pero lo preocupante en lo que nos ocupa es si el gobierno hará caso a estas consultoras para repartir los fondos.
No se pide que el dinero tenga la trazabilidad de un envío de paquetería, pero queremos información
Aquí nos tropezamos con la falta de transparencia, algo que debería ser inherente a un proceso de estas características. No se pide que el dinero tenga la trazabilidad de un envío de paquetería pero sí que el ciudadano sepa de antemano dónde va ese montante y si se distrae por el camino que lleva a la ejecución de los proyectos.
Hace solo unos días el presidente Pedro Sánchez ya se reunía con el responsasble de KPMG que no es la contraseña de mi wifi sino una entidad que se dedica a las auditorías y cuyos principales ingresos en España los obtuvo de sendas auditorías al BBVA y a Iberdrola. En fin, puertas giratorias, intereses comunes, retroalimentación, de momento nada pinta bien.
¿Todos a una?
El director general de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, Andreu Iranzo explica paciente y de forma escueta que hay cuatro líneas directrices (España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva) y diez políticas de reformas estructurales, entre las que figura la “agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación” dotada con un 16% del total del plan. “Se espera que en base a esto surjan oportunidades, desde el Gobierno de España, para las entidades locales, si bien todavía no se dispone del plan definitivo y se estima que una parte la gestionarán las comunidades autónomas y las entidades locales , pero nos encontramos en una fase incipiente y todavía queda para que los procesos de programación en España estén finalizados. Mientras, la Generalitat pone en marcha iniciativas como el Plan Resiste y lo aconsejable es que se dirijan a los distintos órganos gestores convocantes como la dirección general de Administración Local”.
En cuanto a los ayuntamientos ya se conciertan las primeras jugadas. Hace unos días el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ya impulsaba una iniciativa para que las entidades locales exijan entrar en la sinopsis del reparto de fondos.
Benidorm. Esto lo sabe bien el alcalde de Benidorm. Toni Pérez, integrante de la comisión de turismo de la FEMP. Él considera que el gobierno puede aplicar los “proyectos tractores” pero el resto debería pasar al plano local. Pérez defiende la cogobernanza pero también la interrelación de empresa privada-pública para estos planes. En este punto no sabemos si líderes locales pueden posicionarse lejos de la estrategia que marca el partido otra vez desde Madrid. En todo caso sí es verdad como dice el edil que las promociones turísticas de Benidorm se generan en gran parte con el apoyo de las empresas hoteleras en las grandes citas feriales, por lo que se aprovecharía ya una hoja de ruta.
Para Pérez la principal inversión se realizaría en innovación y sostenibilidad con el tema hídrico como referente. Esta sería la marca de la ciudad, la sostenibilidad que incluye peatonalización, tratamiento de aguas o huella de carbono, elementos en los que los operadores turísticos han empezado ya a interesarse. Y los marcadores ya están modelados con la inclusión de Benidorm en la DTI (Destinos Turísticos Inteligentes).
Altea ya tiene un camino recorrido con su trabajo a través de la Agenda Urbana Altea 30. En un mensaje de ida y vuelta con la UE, el municipio diseña sus incipientes estrategias a trávés de la enérgica y entusiasta Mari Laviós, concejala responsable de EuroAltea. La edil incide en el carácter transversal de esta agenda tanto en el plano social como el económico y el medioambiental. Cuando a finales de febrero se apruebe el reglamento que regulará los fondos Next Generation, Altea quiere presentar sus propuestas. Laviós reconoce que en los fondos de recuperación habrá una colaboración público-privada pero que el Ayuntamiento alteano estará preparado para convertir los proyectos en acciones. Las propuestas contarán con la participación de la ciudadanía “y deberán ser equitativos para no cometer los mismos errores que en la pasada crisis”
La Nucia. Bernabé Cano, alcalde de La Nucia reconoce que los fondos son una “incógnita” de la que se desconoce “cuándo y cómo se van a gestionar”. Y centra parte de los mismos en lo que afecta a su cobertura económico social para resaltar que es el Ayuntamiento nuciero el que está respondiendo a la emergencia social con recursos limitados.
Finestrat. Juan Francisco Pérez, primer edil de Finestrat insiste también en este aspecto: las ayudas directas de los ayuntamientos a los ciudadanos para paliar situaciones precarias y, por ende, la “injusticia” que representa que los fondos no pudieran gestionarse por las localidades que “somos las que mejor conocemos las necesidades de nuestros vecinos”. Para Pérez el ejemplo es el Plan Resiste que capitaliza la Generalitat pero “que está alimentado por la economía de diputaciones y ayuntamientos”.
Fin de la puesta en escena
Estos fondos deben empezar a marcar una radialidad que rompa con jerarquías de reparto en algunos de sus tramos económicos. En unos meses veremos cómo se aprovechan esos fondos de recuperación. Si las conferencias sectoriales con el gobierno son solo una liturgia, una puesta en escena o marcarán la agenda. Porque la cuestión de fondo está detrás, en las conexiones entre las necesidades de las personas y su beneficio sin que los entes privados contaminen el proceso. De lo contario, parece que suena a un film o novela distópica.
Amaya Marín Mendizábal
